La proscripción de Cristina Kirchner: entre el fallo judicial y la reacción política

La Corte Suprema confirmó la condena por corrupción contra la ex presidenta y selló su inhabilitación para ejercer cargos públicos. El kirchnerismo denuncia una persecución política y anticipa movilizaciones y reclamos en foros internacionales.

La Corte Suprema de Justicia confirmó esta semana la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa “Vialidad”. El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por “falta de fundamentación” los recursos presentados por la defensa, consolidando así un escenario de proscripción política de la principal figura del kirchnerismo.

La decisión judicial generó una inmediata respuesta del arco oficialista, que denunció una maniobra de lawfare y convocó a manifestaciones en apoyo a la ex mandataria. Dirigentes de la CGT, La Cámpora y el Partido Justicialista llamaron a movilizarse a Comodoro Py, mientras que Pablo Moyano planteó la posibilidad de un paro nacional. En el plano internacional, figuras como Baltasar Garzón y Rafael Correa repudiaron el fallo, al que calificaron de “netamente político” y parte de un plan regional de persecución a líderes progresistas.

Desde el entorno de Cristina Kirchner ya adelantaron que apelarán ante organismos internacionales. Entre las medidas previstas, se menciona la presentación de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional. La defensa sostiene que el fallo no cuenta con fundamentación jurídica autónoma y que se trata de una estrategia para proscribir a la dirigente en un año electoral.

El impacto del fallo también se hizo sentir fuera del país. En el Congreso español, el diputado Gerardo Pisarello expresó su repudio y advirtió que el caso argentino se suma a una tendencia en la región que busca disciplinar a figuras opositoras a través del sistema judicial. Con esta decisión de la Corte, el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la vigencia plena de las garantías democráticas vuelve a instalarse en el centro de la escena política nacional.