La Justicia suspende la aplicación de la ley de financiamiento universitario y reaviva el conflicto con el Gobierno

Un fallo judicial volvió a modificar el escenario en torno a la Ley de Financiamiento Universitario y frenó, de manera provisoria, su implementación. La decisión, favorable al Gobierno nacional, suspende la ejecución de una medida cautelar que obligaba al Estado a aplicar aspectos centrales de la norma, lo que implica un nuevo capítulo en la disputa por los recursos destinados a las universidades públicas.

La cautelar había sido dictada previamente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenaba cumplir con artículos clave de la ley, como la actualización de salarios docentes y no docentes en base a la inflación, así como la recomposición de becas estudiantiles. Sin embargo, el juez de primera instancia Martín Cormick resolvió ahora suspender provisoriamente la ejecución de ese fallo mientras se analizan los recursos presentados por el Ejecutivo.

La medida responde a una estrategia judicial del Gobierno, que busca frenar la aplicación de la ley con el argumento de que no define con claridad las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. En paralelo, la Cámara evalúa un recurso extraordinario que podría escalar el caso hasta la Corte Suprema, lo que prolongaría la incertidumbre sobre la vigencia efectiva de la normativa.

En este contexto, el conflicto con el sistema universitario se profundiza. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anticipó que apelará la decisión judicial y convocó a una nueva Marcha Federal para el 12 de mayo en todo el país. Según datos del propio organismo, el deterioro salarial y presupuestario es significativo, con una fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores y de los fondos destinados a las universidades en los últimos años.