La avanzada del gobierno sobre el tablero judicial

El gobierno de Javier Milei avanzó en el envío de decenas de pliegos al Senado para cubrir vacantes en el Poder Judicial, en una movida que abre una nueva etapa de disputa política e institucional en torno al control de los tribunales federales. La iniciativa busca ocupar cargos clave en un sistema que arrastra un alto nivel de vacantes, con más de un tercio de los puestos sin cubrir, lo que impacta directamente en el funcionamiento de la Justicia.

Según el análisis publicado por Página/12, el oficialismo impulsa designaciones con vínculos directos con el entramado judicial, incluyendo nombres ligados a la Corte Suprema y a los tribunales federales. Entre los casos más señalados aparecen familiares y funcionarios cercanos a jueces de peso, lo que reaviva el debate sobre la independencia judicial y las relaciones de poder dentro de Comodoro Py, el núcleo donde se investigan causas sensibles de corrupción y política.

Uno de los puntos más relevantes es que, en esta primera etapa, el Gobierno dejó afuera cargos estratégicos de Comodoro Py, pese a que ese fuero concentra investigaciones clave y también un alto porcentaje de vacantes. Esta decisión es leída como parte de una estrategia más amplia: avanzar gradualmente en la reconfiguración del sistema judicial mientras se negocian acuerdos en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

El proceso abre un escenario de tensión política, ya que cada designación deberá ser aprobada por la Cámara alta, lo que obliga a construir consensos y expone disputas internas incluso dentro del propio gobierno. En ese contexto, la discusión sobre los pliegos no solo refiere a la cobertura de cargos vacantes, sino también al equilibrio de poder dentro de la Justicia y al rol que tendrá en los próximos años frente a causas de alto impacto político e institucional.