Jeremías Monzón y el debate por la edad de imputabilidad

El homicidio de Jeremías Monzón y su impacto judicial

El 18 de diciembre de 2025, Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, fue brutalmente asesinado a puñaladas en un predio abandonado frente a la cancha de Colón en Santa Fe. La investigación determinó que tres menores de edad participaron del hecho, dos de ellos de 14 años, que por ley son inimputables y quedaron en libertad, y una joven de 16 años, que fue imputada por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento y permanece detenida en un instituto de menores mientras avanza el proceso judicial. La causa se amplió con imputaciones, entre ellas una dirigida al hermano de uno de los adolescentes por amenazas vinculadas al caso, y la familia de Jeremías exigió además investigar la filtración a redes sociales de un video del crimen, que debía permanecer bajo custodia judicial por su sensibilidad

El vacío legal y el reclamo social

La libertad de dos de los adolescentes implicados reavivó una discusión que ya estaba en la agenda pública: la edad mínima de imputabilidad penal en Argentina, fijada actualmente en 16 años. La situación generó indignación entre familiares y sectores de la sociedad, que observaron que menores de 14 años responsables de un homicidio grave no pueden ser juzgados ni detenidos bajo el régimen penal vigente. Esta disociación entre gravedad de hechos y respuesta judicial alimentó protestas y pedidos de justicia concreta desde organizaciones y comunidades afectadas por la violencia.

La respuesta política

Ante estas reacciones, la discusión entró de lleno en la política. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reclamó reiteradamente bajar la edad de imputabilidad, argumentando que “el Estado no tiene herramientas” para privar de libertad a menores que cometen delitos graves y que la legislación debe ajustarse a las realidades actuales. En la misma línea se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “quienes matan o cometen delitos violentos deben responder ante la Justicia, independientemente de la edad”, y remarcó que el régimen vigente “protege a los victimarios y abandona a las víctimas”. A nivel nacional, funcionarios impulsan proyectos de modificación del Régimen Penal Juvenil que proponen reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y, en algunas versiones oficiales, incluso a 13 años, con penas que en casos de delitos graves podrían extenderse hasta los 15 años, mientras que para infracciones menores se prevén medidas alternativas. Estas iniciativas forman parte del temario de sesiones extraordinarias del Congreso, con dictámenes avanzados en Diputados y debate abierto en distintas comisiones.

Contrapuntos y argumentos más allá del punitivismo

El debate no está exento de controversias. Organizaciones como la Conferencia Episcopal Argentina instaron a que no se centre la respuesta estatal “casi exclusivamente” en la pena y la baja de la edad de imputabilidad, sino también en políticas de educación, prevención y acompañamiento comunitario para los jóvenes. Argumentan que focalizarse solo en medidas punitivas podría simplificar una problemática compleja que involucra factores sociales, educativos y familiares, y que la justicia juvenil debería abordar la reincidencia y la rehabilitación desde una mirada integral.

Otros países

En el plano internacional, la edad mínima de imputabilidad penal presenta diferencias significativas. En Argentina, está fijada en los 16 años y es objeto de un debate público y legislativo recurrente, especialmente a partir de delitos graves cometidos por adolescentes. Chile establece la imputabilidad desde los 14 años y cuenta con una justicia juvenil especializada, surgida también tras discusiones similares por hechos de violencia protagonizados por menores. En Brasil, la edad penal es de 18 años, aunque desde los 12 los adolescentes pueden ser sometidos a medidas socioeducativas previstas en el Estatuto de la Criança e do Adolescente, que no implican sanciones penitenciarias.

En España, la imputabilidad comienza a los 14 años dentro de un sistema de justicia juvenil que prioriza la reinserción social y las medidas educativas por sobre el castigo. Estados Unidos presenta un esquema heterogéneo, ya que la edad mínima varía según el estado y en algunos casos puede situarse entre los 10 y 12 años, con la posibilidad de juzgar a menores como adultos en situaciones extremas, una práctica ampliamente cuestionada por sus resultados dispares. Por su parte, Suecia fija la imputabilidad en los 15 años y aplica un modelo centrado en medidas restaurativas, con fuerte énfasis en la educación y la rehabilitación.

Datos y contexto más amplio

Según fuentes judiciales, en 2024 solo alrededor del 0,01% de la población menor de 17 años fue ingresado en la Justicia Nacional de Menores, y menos del 1,5% en las jurisdicciones provinciales; en Santa Fe, por ejemplo, ese porcentaje fue de 0,51% de la población menor, con más de la mitad de los ingresados entre 16 y 17 años. Esta estadística refleja que, incluso antes de propuestas de reforma, una porción muy reducida de menores llega a ser procesada bajo el régimen penal juvenil, lo que resalta la discusión sobre la eficacia de la herramienta y la necesidad de articularla con políticas sociales más amplias.

Hacia dónde va la ley y el debate público

Con el caso de Jeremías como telón de fondo, la iniciativa para modificar la edad de imputabilidad sigue su curso político, con reuniones legislativas previstas para definir un dictamen unificado que pueda ser considerado en el recinto. Mientras tanto, voces institucionales, expertas en derechos de la infancia y representantes de víctimas y comunidades afectadas continúan contraponiendo perspectivas sobre cómo equilibrar la protección de la sociedad con los derechos y el desarrollo integral de los menores, en un debate que promete seguir ocupando la agenda pública en los próximos meses.