El Ministerio de Seguridad denunciará a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos en la marcha por los jubilados

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará el próximo lunes una denuncia formal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La magistrada es señalada por haber liberado a los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados, realizada el pasado miércoles frente al Congreso. La decisión de Andrade se conoció durante la madrugada del jueves, cuando resolvió la liberación de todos los aprehendidos.

La denuncia será impulsada por Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la cartera que conduce Patricia Bullrich. El Gobierno acusará a la jueza por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, al considerar que su resolución habría sido contraria a derecho.

“No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió. Sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, señalaron desde el entorno del Ministerio de Seguridad.

En la presentación se argumentará que Andrade habría actuado basándose en opiniones personales y no respetando el marco legal que debe regir la evaluación de los detenidos.

El viernes pasado, la cartera de Seguridad ya había adelantado su postura al presentar una denuncia contra supuestos barrabravas por el delito de “sedición”, además de acusar a los intendentes bonaerenses Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora) de haber facilitado la organización de la manifestación.

En declaraciones a diversos medios, la jueza Andrade defendió su actuación y aseguró que su decisión se fundó en el respeto al derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el abecé de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, sostuvo, citando al constitucionalista Roberto Gargarella, quien define la protesta como un “derecho baluarte” del sistema democrático.

No obstante, el Gobierno considera que Andrade debió valorar la existencia de riesgos procesales, tales como peligro de fuga o de obstaculización de la investigación, antes de ordenar la liberación de los detenidos. “Es a la luz de estos dos peligros, no que efectivamente puede haberse fugado o tiene que haber amenazado testigo o robarse pruebas, sino que exista la posibilidad cierta de que se fugue o se obstaculice el proceso”, explicaron fuentes allegadas a Bullrich.

Aunque no lo manifiestan públicamente, en el entorno del Ministerio de Seguridad interpretan que la actuación de la jueza “no fue ingenua” y que su decisión habría tenido la intención de “anular el procedimiento policial”.

En su fallo, Andrade argumentó que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información clave para determinar si correspondía mantener a los detenidos privados de su libertad. “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”, precisó la magistrada.