El lobby de las falsas denuncias

María Elisa Reghenzani es la esposa de Diego Javier Clementi, un ginecólogo que en diciembre de 2025 fue condenado a 14 años de prisión por abusos sexuales reiterados contra sus pacientes en una clínica de Burzaco. El caso de Clementi, exdirector del Centro Médico de la Mujer, terminó con una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora que lo encontró culpable de 12 hechos de abuso sexual contra 11 pacientes entre 2017 y 2022. Los delitos incluyeron abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y hechos en concurso real. Además de la pena, fue inhabilitado de por vida para ejercer la medicina, se le prohibió salir del país y se ordenó la extracción de su ADN para el registro de delincuentes sexuales.

Durante el juicio, los jueces establecieron que Clementi utilizó su prestigio y la relación asimétrica médico-paciente para anular el consentimiento de las víctimas en el contexto de consultas ginecológicas. Aunque la condena se centró en 12 hechos, durante el proceso se sumaron testimonios que hablaban de abusos desde 2001, e incluso aparecieron nuevas denunciantes en pleno juicio. Actualmente cumple la pena bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Clementi negó los hechos y habló de una “causa armada”. En esa misma línea, su esposa, la jueza Reghenzani, declaró en el proceso sosteniendo su inocencia y denunciando una supuesta campaña de desprestigio, argumento que luego llevó al Senado en el marco del debate sobre las “falsas denuncias”.

Verónica Rivero es la esposa de Diego Guacci, director técnico de fútbol femenino que fue entrenador de las selecciones juveniles Sub-15 y Sub-17 de la AFA. En 2021, cinco jugadoras lo denunciaron ante la Comisión de Ética de la FIFA por acoso sexual y laboral sistemático, conductas inapropiadas y abuso de poder. En mayo de 2022, la FIFA resolvió absolverlo al considerar que no se pudo probar que los hechos ocurrieron tal como fueron relatados. Esa resolución fue duramente cuestionada por las jugadoras y por organizaciones como FIFPRO, que advirtieron que este tipo de fallos desalientan las denuncias cuando no hay pruebas materiales o testigos directos.

Rivero tuvo y tiene un rol central en la defensa pública de Guacci. Sostiene que las denuncias forman parte de un complot o una venganza para desplazarlo del fútbol profesional. Participó junto a él en jornadas en el Congreso impulsadas por Carolina Losada, donde se presenta como la “esposa de una víctima” de denuncias sin sustento. En ese espacio también articula con otras mujeres, como la propia Reghenzani, construyendo una narrativa común: la existencia de una supuesta “industria de la falsa denuncia”. Del otro lado, las jugadoras denuncian que esa construcción implica una forma de revictimización, ya que la absolución de la FIFA se dio por falta de pruebas concluyentes y no porque se haya demostrado que mintieron, un punto clave que suele omitirse en estas intervenciones públicas.

Carolina Losada es una periodista y política argentina que actualmente se desempeña como senadora nacional por la provincia de Santa Fe, representando a la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio. Desde ese lugar es una de las principales impulsoras del proyecto para endurecer las penas por denuncias falsas, y ha sido quien abrió las puertas del Congreso a estos casos, organizando jornadas donde se exponen como ejemplos de personas supuestamente afectadas por acusaciones sin sustento.

Pablo Rodríguez Laurta es un militante antifeminista uruguayo que cobró notoriedad en este debate por un motivo muy distinto. Durante años se presentó como víctima de “falsas denuncias” y fundó la organización “Varones Unidos”, desde donde combatía lo que denominaba la “ideología de género” y denunciaba supuestos perjuicios hacia los varones en el sistema judicial. Fue una figura activa en espacios conservadores y libertarios, organizó charlas y difundió su discurso en redes sociales. Sin embargo, en octubre de 2025 protagonizó un triple homicidio: asesinó a su expareja, Luna Giardina, a la madre de ella, Mariel Zamudio, y está acusado también de haber matado al chofer que lo trasladó desde Uruguay. Luego huyó con su hijo de cinco años y fue detenido en Gualeguaychú, donde actualmente permanece preso. En mayo de 2026 se denunciaron además amenazas enviadas desde la cárcel.

¿Qué tienen en común estas cuatro personas? Que todas, desde distintos lugares, están vinculadas al impulso o a la construcción del clima político y mediático que rodea el proyecto de endurecimiento de penas para las denuncias falsas. Un proyecto que busca modificar el Código Penal para aumentar las sanciones contra quienes realicen denuncias que luego no prosperen judicialmente, bajo la premisa de que existe un uso extendido y sistemático de acusaciones falsas, especialmente en casos de violencia de género.

El problema es que ese diagnóstico es profundamente discutido. Diversos organismos y especialistas advierten que las denuncias falsas son estadísticamente marginales, y que avanzar en ese sentido podría tener un efecto inhibitorio que desaliente a víctimas reales a denunciar por miedo a ser perseguidas penalmente si no logran probar los hechos en contextos que, por su propia naturaleza, suelen carecer de testigos o evidencia directa.

En ese marco, una investigación de la Red de Medios Digitales integrada por Periódicas, Enfant Terrible, La Nota Tucumán y Feminacida relevó lo que define como un entramado de actores, organizaciones y comunicadores que impulsan esta narrativa. El informe, titulado “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha” mapea cómo estos discursos se instalaron con fuerza entre 2024 y 2025 en distintas provincias como Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Según el trabajo, no se trata de casos aislados sino de un ecosistema que funciona en red, con vínculos políticos, judiciales e incluso internacionales, y con un objetivo claro: desacreditar a quienes denuncian violencias por motivos de género y promover una agenda de restricción de derechos para mujeres, niñeces y diversidades.

En ese mapa aparecen nombres, casos y estrategias. Algunos se presentan como víctimas, otros como voceros políticos, otros como ejemplos extremos de las consecuencias de estos discursos. Pero todos forman parte de una misma discusión que hoy avanza en el Congreso y que pone en tensión algo mucho más profundo: quién tiene la palabra, qué se considera prueba y qué costo social tiene denunciar.